Aunque en estricto sentido se ha denominado “Ley de financiamiento” realmente estamos frente al ejercicio más importante en materia tributaria de los últimos años. Hay que ver la justificación social que ha rodeado el debate. Hay que ver la solvencia moral de sus proponentes. Hay que analizar el impacto en la sociedad, que seguramente no alcanza a dimensionar el altísimo espíritu patrio que encarna la reforma.

La Sección Segunda del Consejo de Estado hizo ver que como el Decreto 546 de 1971, al establecer que el monto pensional equivale al 75 % de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado el empleado en el último año de servicios, establece un beneficio notable en relación con el régimen pensional general preceptuado en la Ley 33 de 1985 debe examinarse la trayectoria laboral del funcionario o empleado judicial.

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